Para los que tienen edad como para recordar los días salvajes de 2001 en que los ahorristas atacaban a pedradas las fachadas de los bancos, hubo un “deja vu” con las recientes protestas por los cortes masivos de electricidad: los cordones policiales intentando contener la multitud frente a las oficinas de Edesur, mientras los vecinos relataban ante las cámaras de TV situaciones dramáticas de familiares electro-dependientes dejaron esa sensación inquietante.
“El único Edesur que ilumina es el que arde” se leyó en las pancartas de los vecinos que prendieron fogatas en la oficina de la empresa en Parque Avellaneda, mientras en paralelo los ejecutivos de Edesur y los funcionarios del entre regulador ENRE admitían que puede llevar semanas arreglar el daño de los cables de media tensión.
Y el hecho de que esta reacción enfurecida ocurra justo en un año electoral, es algo que puso en alerta al ámbito político. Por lo pronto, ya empezaron los respectivos movimientos para intentar sacar un rédito electoral. De hecho, los expertos en comunicación política creen que este tema será uno de los ejes de la campaña.
En términos sintéticos, la batalla comunicacional pasa por responder el interrogante: ¿los apagones masivos son la prueba de que la empresa privada es ineficiente y que sólo el Estado “te cuida”; o por el contrario, son la demostración de que la interferencia estatal mediante el congelamiento tarifario es lo que lleva a esta crisis?
De la multa a la denuncia penal
Pero la gravedad de este mega apagón en medio de una ola de calor histórica -en su pico hubo más de 120.000 usuarios sin luz- llevó a que el debate fuera un paso más allá de lo habitual: está planteado seriamente el peligro de fallecimientos derivados de la falta de electricidad.
Es lo que llevó al Gobierno a cubrirse, mediante una denuncia penal contra el directorio de la compañía “por abandono de persona”, además de los delitos de malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Ya no alcanzó la aplicación de multas y el envío de veedores, como se había hecho en febrero, ni con la insinuación de que se podría considerar la reestatización. Ahora, la discusión ascendió a la categoría penal.
Expertos en el área energética advierten que pueden pasar semanas hasta que se reparen los cables de media tensión quemados durante los últimos días
La respuesta opositora no se hizo esperar. “Escandalosa deserción de las autoridades civiles ante la crisis energética que afecta a centenares de miles de vecinos librados a su suerte, sin generadores, sin provisión de agua potable y nadie que rescate a los ancianos”, fue la definición de Patricia Bullrich, la pre candidata presidencial de Juntos por el Cambio.
Y en respuesta directa a la nueva estrategia oficial, “chicaneó” al peronismo: “Ante esta situación tan dramática, queremos soluciones y no denuncias penales. Ustedes gobiernan”.
En la misma línea, Javier Milei abogó sin medias tintas por un regreso al esquema de los años ’90 y culpó al Gobierno. “La verdad es que durante 20 años se les pisó las tarifas a las empresas. Y las empresas qué hacen, defienden el flujo de costos, dejan de invertir y pasan esas cosas. Ya pasó en el 89, cuando se fue Alfonsín”, dijo en una entrevista televisiva.
El candidato libertario fue más lejos aun, al comparar el colapso energético con la tragedia ferroviaria de Once: “Son situaciones generadas por un Estado que regula de tal manera que hace que las empresas no tengan incentivos para invertir. Y después aparecen los desastres que cuestan vidas”.
Pero no todos los opositores están dispuestos a justificar a Edesur. Un ejemplo de ello es el jefe de Gobierno porteño -y también pre candidato-, Horacio Rodríguez Larreta, quien tras sufrir un escrache” en un bar de Parque Patricios, anunció que también la Ciudad presentaría una denuncia penal contra la empresa.
“Así, nadie puede vivir. Se pudre la comida, te quedás sin agua, hay adultos mayores, chicos y electrodependientes que no pueden seguir esperando. Que te falte la luz tantos días ya no es una molestia, es un riesgo para la salud y para la vida. Y los responsables tienen que hacerse cargo. Por eso, presentamos una denuncia penal contra Edesur”, escribió Rodríguez Larreta en Twitter.
Estatistas versus privatistas
A esa altura, ya estaba en claro que la estrategia comunicacional del Gobierno era potenciar el tema y ubicarse en una situación de damnificado. El diario oficialista Página 12 publicó una sugestiva tapa negra bajo el título “Espera en la oscuridad” y el canal de noticias filo-gubernamental C5N ya tenía “hashtag” permanente en su pantalla la consigna “#HartosDeLosCortes”.
En las transmisiones en vivo de las protestas, la pregunta típica de los “movileros” a los vecinos enojados era si había que reestatizar el servicio, a lo cual muchos respondían afirmativamente.
Las protestas masivas por los cortes desataron otra batalla política por conquistar a la opinión pública
Los más politizados repetían argumentos escuchados en los medios. Por caso, una vecina de Boedo afirmaba que el problema consistía en que los cables del barrio tienen más de 100 años y nunca se modernizó la red. Otra chica joven se quejaba de las fuerzas policiales se apostaran frente a la oficina de Edesur, y planteaba: “Exigimos estatización ya”.
Varios referentes del kirchnerismo se hicieron eco de esa situación y reclamaron que el tema pasara ya a la agenda política del peronismo. El economista Sergio Chouza, acompañando un video con quejas de los vecinos, escribió: “El pueblo en los reclamos contra Edesur, lo que pide es estatización. No piden las soluciones de Milei; piden más Estado”.
En otros espacios mediáticos afines al kirchnerismo se planteó que esta situación debería ser tomada como la oportunidad de recuperar una causa épica para la militancia, por la vía de organizar ayuda a los vecinos afectados. Así, los militantes con pecheras partidarias identificatorias, podrían “recuperar la presencia territorial”.
Hubo dirigentes políticos que se adelantaron a la auditoría del ENRE y al debate en el Congreso, y reclamaron que el Gobierno, por decreto, revocara ahora mismo la concesión a Edesur. Fue el caso de Teresa García, senadora provincial en Buenos Aires, quien planteó que estaban dadas las condiciones para políticas para plantear la reestatización.
Ya había un antecedente de reclamo sobre ese tema, por parte del jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien se puso al frente de un grupo de intendentes de la zona sur para “armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas de mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale”. Prometió ponerse “al frente de la inversión que hace falta para terminar con la desidia de esta empresa”.
Y ahora se agregaron otras propuestas que no implican la estatización completa, sino que apuntan al modelo mixto. Es el planteo del dirigente piquetero -y posible pre candidato presidencial- Juan Grabois: “Lo de Edesur y Edenor está entre la negligencia y el boicot. Tomemos el modelo YPF: 51% público, 49% privado con las definiciones estratégicas en favor del pueblo y administración eficiente controlada por los accionistas”.
Hora de teorías conspirativas
La palabra “boicot” se escuchó muchas veces en el debate, en un momento particularmente propenso para las teorías conspirativas. Desde la oposición hubo insinuaciones en el sentido de que el Gobierno quiere apurar la salida de la accionista mayoritaria –la italiana Enel, que en noviembre pasado colgó el cartel de venta-.
Según esa versión, el interés gubernamental es seguir el modelo de Edenor, en el que se privilegió el ingreso de “expertos en mercados regulados”. Esta definición implica que se trata de empresarios nacionales con la suficiente cintura política como para manejar el servicio en el marco de una fuerte injerencia estatal.
La vocera presidencial Gabriela Cerrutti comparó la gestión de Edenor con la de Edesur, lo cual despertó suspicacias sobre un posible cambio de concesionarios
Edenor es el ejemplo más claro desde el cambio de manos ocurrido hace dos años, cuando el trío Vila-Manzano-Filiberti, un grupo de empresarios estrechamente vinculados a Sergio Massa compró por apenas u$s100 millones el 51% de la empresa que controlaba el grupo Pampa.
Y las suspicacias sobre ese punto se reforzaron por las declaraciones de la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, quien tras fustigar a Edesur, destacó que “Edenor tuvo mucho menos cortes”, a pesar de haber operado en las mismas condiciones tarifarias y con la misma emergencia climática.
Pero la teoría del boicot también se plantea en el sentido inverso: hubo quienes difundieron la versión de que desde la propia Edesur hay poca voluntad de resolver los problemas de funcionamiento, porque de esa forma se bajaría el precio a los eventuales nuevos compradores.
Y se mencionó específicamente a Nicolás Caputo, el empresario amigo de Mauricio Macri que ya era socio de Enel. Su nombre volvió al tapete en febrero, cuando una empresa de la cual es accionista se quedó con Central Costanera, uno de los activos que los italianos habían puesto en venta.
“¿No invirtieron una moneda?”
El tema central en esa batalla comunicacional, sin embargo, parece estar puesto en si Edesur hizo o no inversiones cuando recibió aumentos tarifarios.
La estrategia gubernamental está clara: “A esta altura del partido, la empresa no puede alegar nada, después de haber tenido las tarifas dolarizadas y con un aumento de tarifas del 3.000 por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri, nunca realizó las inversiones que tenía que realizar”, dijo la vocera Cerrutti.
La política tarifaria, en el centro del debate sobre el colapso del sistema eléctrico
No es, desde ya, el panorama que plantean desde las empresas. En el holding de capitales italianos alegan haber hecho inversiones por unos u$s850 millones en cinco años para sostener el servicio, pero advierten que llegaron a un límite de sus posibilidades por el desfasaje entre la inflación y las tarifas. Calculan que en el acumulado de los últimos tres años el incremento de costos se ubicó en 320% pero que las tarifas apenas variaron 31,5%.
El último balance presentado por Edesur, para el período enero-septiembre de 2022 arrojó una pérdida de $9.712 millones, aun cuando las ventas de electricidad se habían incrementado un 5%, medidas en volumen.
En las recientes audiencias para revisión de las tarifas, las dos grandes compañías eléctricas pidieron para este año aumentos por 260%, como condición para un mantenimiento de las inversiones. Y Edesur, en su presentación de flujo de fondos para 2023 proyectó un déficit de $103.000 millones. Es decir, lejos del argumento kirchnerista sobre “empresarios que se enriquecen en las crisis”.
A primera vista, no parece el mejor negocio, desde el punto de vista político, hacerse cargo de semejante empresa. No se necesita ser experto en energía para entender que las finanzas corporativas y la calidad del servicio solamente podrán mejorar tras una drástica suba en las tarifas. En todo caso, lo que está ahora en disputa es un partido que no se juega en el ámbito de las finanzas sino en el de la opinión pública.
Fuente: iprofesional.com