La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumplió esta semana tres meses de un Gobierno que no se sabe hasta cuándo permanecerá, y en medio de la posibilidad latente, según expertos, de que termine sentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones a los derechos humanos.
Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de sus instancias, ya le exigieron a Boluarte explicaciones sobre las circunstancias en las que murieron más de 60 personas en unas protestas que, según grupos como Amnistía Internacional (AI), fueron reprimidas con exceso de fuerza.
Los cargos contra la mandataria y quienes fueran hallados responsables, según le explicó a Télam el abogado penalista Fernando Ugaz, podrían incluir delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, calificados como de lesa humanidad.
Un total de 49 personas -48 civiles y un policía- fallecieron directamente en los choques, mientras que al menos 17 más, incluidos seis soldados, perdieron la vida en hechos colaterales en las protestas que estallaron en diciembre, después de que el Congreso destituyó al expresidente Pedro Castillo y lo reemplazó por la hasta entonces vicepresidenta.
Entre las irregularidades detectadas en las acciones de militares y policías, indicó Ugaz, están el uso de armas letales no permitidas en este tipo de casos o el disparo al cuerpo y a corta distancia de elementos como bombas lacrimógenas, que, por definición, deben utilizarse en forma oblicua o curva a no menos de 60 metros de distancia.
El jurista, del estudio Ugaz Zegarra & Abogados, citó como ejemplo el caso del único fallecido en Lima, un trabajador de 55 años, contra quien según las evidencias se disparó en forma directa una bomba lacrimógena a menos de seis metros, la que además lo impactó en la parte posterior, indicio de que no estaba en posición de ataque contra los efectivos.
Boluarte, quien asegura que ordenó no usar armas letales, compareció esta semana ante la Fiscalía, que le abrió ya una investigación preliminar por los hechos, pero según la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, no hubo aún interrogatorio por una acción de tutela presentada por la Procuraduría.
La acción se basa en que tanto la Procuraduría como los representantes legales de las víctimas quieren estar en los interrogatorios a la mandataria y los demás investigados, como el primer ministro, Alberto Otárola, que el jueves evitó ser convocado por el Congreso a dar explicaciones, y los ministros del Interior, Vicente Romero, y de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
La gran mayoría de las muertes de civiles ocurrieron en departamentos empobrecidos de los Andes sureños, como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde tomaron más fuerzas las protestas contra Boluarte, a quien se le pide que renuncie para que se puedan convocar elecciones generales a la brevedad.
La respuesta de Boluarte, quien según las encuestas tiene una desaprobación cercana al 80%, fue que los actos de violencia son responsabilidad de grupos “radicales y minoritarios” financiados por fuerzas oscuras como el narcotráfico, la minería ilegal o remanentes del desarticulado grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso, aunque sin presentar pruebas.
Boluarte, quien asegura que ordenó no usar armas letales, compareció esta semana ante la Fiscalía, que le abrió ya una investigación preliminar por los hechos.
En ese marco, la mandataria, una abogada de Apurímac de 60 años, afirma que seguirá en el sillón presidencial hasta que se realicen las elecciones anticipadas, las que no tienen aún fecha, porque el Congreso, desaprobado por el 90% de la población, dilató una decisión al respecto.
Según muchos analistas, la intención del Ejecutivo y el Congreso es alargar lo más posible su permanencia y de ser posible llegar hasta 2026, cuando termina el período, una opción de las que se descuenta que podría traer graves consecuencias por el descontento popular (más de 90% está a favor de elecciones anticipadas a más tardar en 2024).
En medio de la desconfianza que generan la Fiscalía, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional (TC) el Congreso para encargarse del caso, Ugaz estimó posible que se llegue a la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, del que Perú es signatario.
Partidos de derecha convertidos en aliados de Boluarte -quien llegó a la vicepresidencia por el marxista leninista Perú Libre-, como el fujimorista Fuerza Popular, plantearon que, como protección, el país se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Ugaz explicó, no obstante, que eso no marcaría diferencia en el caso concreto: cuando un país se retira debe anunciarlo con un año de anticipación y los posibles casos que se presenten en ese lapso o antes seguirán vigentes.
Es decir, a manera de ejemplo: si Perú anunciara su retiro este mes, seguiría dentro del sistema hasta marzo de 2024 y los foros internacionales podrían actuar en todo lo que ocurra hasta esta última fecha.
El abogado tampoco halló “ninguna viabilidad” en la propuesta de congresistas del partido ultraconservador Renovación Popular, también aliado circunstancial de Boluarte, para que se proteja a los posibles acusados con figuras como indulto o amnistía, pues estas no aplican en casos de lesa humanidad.
Para Ugaz, serán los foros correspondientes los encargados de establecer los grados de responsabilidad que hayan tenido en las muertes los mandos militares y policiales, así como la Boluarte, Otárola y los funcionarios que resultaran implicados.
Según se determinó en autopsias, varios de los civiles muertos recibieron disparos directos con armas letales. Los hechos más violentos se presentaron cuando grupos de manifestantes intentaron tomar puntos estratégicos, como los aeropuertos de las ciudades de Ayacucho, Abancay y Juliaca.
En los últimos días, las protestas disminuyeron por la represión y la necesidad de la gente de retomar sus actividades, pero los analistas advierten que las causas no desaparecieron, por lo que el riesgo se mantiene si no se atiende el clamor de unas elecciones en que “se vayan todos”.
Para Ugaz, el manejo de la crisis tuvo agravantes como el llamado “terruqueo”, práctica frecuente en el Perú que consiste en acusar de “terroristas” a quienes discrepan, y un evidente sesgo racista que concentra las acciones en lugares mayoritariamente quechuas y aimaras.
Las indefiniciones del Congreso impiden que hoy a ciencia cierta se sepa cuándo serán los próximos comicios o en qué condiciones se harán, porque, por ejemplo, el TC ya les dio vía libre a los congresistas para actuar sobre las autoridades electorales.
Fuente: telam.com.ar